Un querellón que busca esclarecer los presuntos delitos por contratos fraudulentos, malversación de especies y gastos de representación que no son efectivos, interpuso ayer el alcalde de Santiago, Raúl Alcaíno, en contra de quienes resulten responsables por las chamullos económicos detectados en la municipalidad.
Acompañado por el abogado Juan Ignacio Piña, el jefe comunal señaló que de acordeón a los antecedentes que ha tenido a la vista las defraudaciones al erario municipal serían del orden de los 30 millones de pesos.
"A lo mejor el fiscal determina que eso es más o a lo mejor determina que de esos 30 millones de pesos, algunos han sido gastados lícitamente y puede ser menos. Por eso no quisiera aventurar cifras", expresó el ex animador de estelares de televisión.
Como principal sospechosa de las chanchulladas aparece la suspendida jefa de Finanzas, Patricia Miranda Soto, supuestamente secundada por la encargada del Departamento de Recursos Humanos, Elizabeth Neetham.
"Las funcionarias fueron sumariadas y alejadas de sus funciones", precisó Alcaíno.
Entre otras movidas mulas figurarían contratos a personas que nunca existieron realmente o el regalo de un teve plasma a una fundación inexistente que habría terminado en la casa de Miranda.
"Los antecedentes que tuve a la vista y que motivaron que ordenara este sumario administrativo y que oficiara al Ministerio Público, dicen relación con presuntas irregularidades cometidas durante mi gestión. No tengo antecedentes que yo haya tenido a la vista, de presuntas irregularidades cometidas en gestiones anteriores", señaló el alcalde Alcaíno.
