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| 07 de Julio de 2004 | |||
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Corte confirmó canazo de 12 años y elevó indemnización a 100 milloncejos Ni el Juicio Final salva al Tato Héctor Cossio L
El pago es de responsabilidad solidaria del Arzobispado de Santiago, lo que significa que si el ex religioso no tiene los bienes necesarios para cancelar dicha suma, deberá hacerlo la Iglesia. Muy complicado con la resolución, el abogado Juan Román, que representa al Arzobispado, optó por el voto de silencio como monje cistercience y declinó referirse a la doble la indemnización que en forma solidaria deberán pagar los curitas. La contundencia del fallo radica en que los ministros Raúl Rocha, Raimundo Díaz y el abogado integrante Ángel Cruchaga, se armaron la convicción que los nueves abusos sexuales y un estupro que se le comprobaron al ex párroco de la capilla San Isaac Jogues de Quilicura se corresponden con la pena única de 12 años de reclusión mayor en su grado medio, más accesorias y costas. La abogada Fabiola Maldonado, quien representa a las familias de las dos niñas que deben ser indemnizadas, se manifestó contenta con la decisión del tribunal, puesto que, a su juicio, "confirmamos una vez más que la justicia es independiente a los poderes fácticos". Esto en relación a la recomendación del fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, Benjamín Aguirre, quien consideró que la pena para Tato debía ser sólo de tres años, por cuanto las "víctimas vivían en un mundo erotizado".
Apelará a la SupremaTal como se esperaba, Luis Arévalo, abogado del ex cura, conocido últimamente en la cana como "El Choro Tato", anunció que recurrirá a la Corte Suprema para se pronuncie sobre las atenuantes que, a su juicio, no fueron consideradas y que le permitirían rebajar en al menos un grado la pena al ex sacerdote.En la apelación al fallo dictado por la titular del 16° Juzgado del Crimen de Santiago, Rosa María Pinto, la defensa de Aguirre argumentó que el ex sacerdote, de 45 años, sufría de demencia, por lo que no sería imputable. Esta tesis fue descartada de plano en los exámenes siquiátricos que despachó el Servicio Médico Legal. Por su parte, la abogada del Sename, Macarena Cañas, dijo estar conforme con el fallo del tribunal de alzada, puesto que "ésta es una materia muy sensible en la que se ha podido apreciar la gran vulnerabilidad de los derechos del niño". "Este fallo instala un importante precedente que yo creo que se va a tener presente para las otras causas en la que se están aceptando los derechos de los niños", afirmó la profesional. Respecto de la millonaria indemnización, añadió que "se trata de situaciones muy traumáticas y, desde ese punto de vista, las niñas requieren terapias de larga data, que son caras, porque son especializadas". "No hay posibilidad de que ellas puedan acceder a esa instancia sino es a través de medios económicos", añadió.
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