El año pasado, el tribunal condenó a la Municipalidad a pagar 12 millones de pesos para cada uno de los dos seropositivos como indemnización por daños y perjuicios, morales, físicos y sicológicos, es decir, 24 palos.

Las irregularidades que se establecieron fueron muchas. En primer lugar, se burló el conducto regular. El papel pasó del médico a los auxiliares sin llegar hasta la enfermera Alicia Ulloa Bahamondes, quien, por designación del Servicio de Salud era la persona facultada para emitir los diagnósticos confidenciales.

Segundo, el reclamo contra el director del Departamento de Salud no realizó el sumario correspondiente y en lugar de investigar y sancionar al médico cuestionado, se le pidió la renuncia para no afectar su carrera profesional.

Con esto se pasó a llevar también el artículo 4 de la Ley 18.575 sobre Bases de Administración del Estado y el artículo 137, de la Ley 19.695 sobre la Orgánica Constitucional Municipal.

El texto de la demanda, sin embargo, le dio una especial atención a la infracción al artículo 7 Decreto Supremo 466 del Minsal, que dice: "El Ministerio de Salud velará especialmente para que se cautele y haga efectivo el derecho a la privacidad de los enfermos de Sida, de los portadores de serología positiva, de los contactos y de los respectivos grupos familiares".

El artículo 8 habla de la responsabilidad administrativa "conmina a los directores de Servicio de Salud a deducir acciones administrativas o judiciales que correspondan cuando se infrinja los dispuestos en la disposición citada".

Bendita confidencialidad Anabella Arredondo, del Conasida, además de considerar insólita la situación, explicó que la confindencialidad es un tema muy antiguo y que debe ser respetado.

"Si uno hace una lectura amplia, se encuentra con ley de Protección de Datos Personales, que invocó luego la Ley del Sida. Ahí se explica que toda la información que tiene que ver diagnósticos es confidencial. Por este motivo, se cambiaron las licencias médicas para que guarden la privacidad. Ahora no se entera el empleador, como antes ocurría, de la enfermedad que tiene la persona. Por eso que es un tema cada vez más fuerte el derecho de la confidencialidad. Cada persona debe ser libre para decidir a quién le quiere comunicar que problema de salud que le aqueja", indicó la profesional.

Julio Ibarra, concejal de PAC, contó que la viuda, a la que ha prestado apoyo, espera ver resarcido su dolor con la indemnización que debería pagarle la Municipalidad.

"Ella sueña con comprarse su casita. Desde el día en que se filtró que tenía el virus, que viven en un rancho muy pobre. Como concejal, me preocupa que la Municipalidad pierda 24 millones de pesos, pero aquí hay también un tema de humanidad, de solidaridad. Creo que como municipio tenemos el deber de pagar, aunque sea a este costo. Una familia se destruyó por la falta de rigurosidad de un consultorio. Es nuestra responsabilidad", indicó el concejal, quien fue una de las primeras personas que tomó conocimiento de esta situación, debido a que en el proceso se impuso una cláusula que limita el acceso al expediente.

Al hacerse pública la causa en la sesión de Concejo del martes último, el concejal Eduardo Pastene indicó que ya no hay por qué quedarse callado con esta historia. Las personas afectadas necesitan de su privacidad, pero resulta que éste es un proceso en donde el municipio tiene un deber. No hay por qué esconder los antecedentes; por eso espero que las autoridades de esta comuna reflexionen el tema a fin de llegar a un avenimiento y no seguir dilatando la situación. Si sigue así todo esto, es probable que no podamos reparar en algo el daño causado a esta humilde familia", sostuvo.