La investigación, que los llevó a trasladar sus maletas al penal de Punta Peuco, se inició en febrero y ha sido dirigida por el magistrado del 27º Juzgado del Crimen de La Florida, José Santos Pérez.

El director de Gendarmería, Juan Carlo Pérez, informó que los uniformados implicados son Alex Muñoz, agregado del mencionado tribunal; Ricardo Urra, del 17º del Crimen de Santiago, y Luis Barrientos, ex agregado judicial que cumplía labores hasta unas semanas como funcionario de estadísticas en el Centro de Detención Preventiva de Puente Alto. Los tres se encuentran procesados por cohecho y se ganaron automáticamente la P.L.R. apenas la institución tomó conocimiento de la investigación.

Junto a ellos fue detenido el actuario del 17º Juzgado del Crimen de Santiago, José Ochoa Martínez, quien había sido designado en comisión de servicio como secretario de la ministra Gloria Ana Chevesich, que investiga el escándalo por los sobresueldos en el ministerio de Obras Públicas.

Aparte de estos detenidos, el jefacho de Gendarmería agregó que ayer cayeron otros cuatro funcionarios. Se trata de los gendarmes Ramón Venegas, agregado al 1º Juzgado del Crimen capitalino; Manuel Riquelme, que la llevaba en el 12º; Carlos Islas, que roncaba en el 13º, y Nelson Flores, papá mono en el 14º.

En un claro acto de mea culpa, Pérez sostuvo que "lamentamos lo sucedido. Siempre hemos intentado proteger la institución desde el sentido positivo, con avances, 10 cárceles nuevas, y esto nos enloda en parte, pero creo que vamos a salir fortalecidos".

Delincuente en libertad

La investigación se desarrolló con lupa, hasta que el 7 de junio se produjo una nueva denuncia. El sábado 12, Santos pilló con las manos en la masa al gendarme Muñoz quien, valiéndose de chamullos, obtuvo importantes beneficios para un pato malo que se encontraba gozando del aire invernal pese a estar procesado por falsificación de instrumento privado mercantil. En esta causa, el procesado está acusado de estafa por más 300 millones de pesos.

La caída tras los barrotes de este sujeto, cuya identidad se mantiene en reserva puesto que de su testimonio depende la detención de sus panas, permitió al juez establecer que la situación de su funcionario no era la única, sino que se trataba de una red que trabajaba coordinada en diferentes tribunales de Ciudad Gótica para acelerar los procesos o filtrar valiosas informaciones a las partes interesadas en las causas.

La indagaciones permitieron rochar que el modus operandi de los gendarmes vivarachos consistía en la relación de uña y mugre que existía entre ellos.

Es decir, si un gendarme agregado a un tribunal de Santiago necesitaba obtener información de un detenido de Puente Alto, se comunicaba telefónicamente con el funcionario de estadísticas del penal en cuestión, quien llevaba a cabo la gestión colocando la base de datos a disposición del negocio.

La cancelación de la coima se producía a través del primer funcionario contactado, quien a su vez liquidaba el favor a los otros uniformados involucrados.

Meterían a más actuarios

El proceso, que se amplió al 13º Juzgado del Crimen de Santiago, donde fueron puestos a disposición los cuatro nuevos gendarmes detenidos, podría extenderse hacia un buen número de actuarios que, según fuentes ligadas a la investigación, conformarían otro peldaño de la corrupción funcionaria.