En la última década no sólo es responsable de lesiones, desnutrición y abandono de los abuelitos que han pasado por sus "asilos", sino que familiares de los afectados y ex empleados la culpan de la muerte de al menos siete adultos mayores. Como si fuera poco, se estima que Herrera suma estafas por unos 12 millones de pesos en su negociado con los tatas.

La investigación periodística del Canal 11, que consistió en nueve meses de seguimiento, rochó que la gorda de 38 años lucraba con las pensiones de los tatitas. La fórmula era simple: encargarse de las jubilaciones de los que no tienen familia, pegar el medio palo a quienes tenían como pagar, no gastar en el cuidado de los nonos y ni siquiera cumplir con los servicios básicos y el arriendo de los inmuebles que servían para sus fines.

En esa onda, desde 1998 se instaló en las calles Einstein, Carlos Gardel, Amelia Errázuriz, Corregimiento, Mapocho, Milán y Real Audiencia. En todos mantuvo sus tácticas y el nombre "Morelia" que identificó sus hogares mulas.

Cuando debía huir, porque los familiares la descubrían o la propietaria de la casa la apretaba para que pagara, la perversa fémina arrancaba de noche y, lo peor, con muchos de los ancianos a cuesta. El traslado de los enfermos se hacía sin cuidados, incluso algunos fueron sacados desde Mapocho apiñados detrás de una camioneta y tapados con una lona.

Para atraer a los clientes se mostraba como un ángel ante los familiares, una madre protectora siempre sonriente que prometía lo mejor. Juraba ser enfermera titulada, con lo que la gallada terminaba por caer a sus pies.

Cínica total, ante las consultas por los abusos respondía que eran críticas mal intencionadas y, abrazando a los teclitos, afirmaba que "lo único que trato es de darles amor y cariño, inclusos todos me dicen mamá".

Desalojo y reubicación

Luego de una acuciosa evaluación en el Hospital Barros Luco, de la cual dio fe el propio dire del Servicio de Salud Metropolitano Sur, doctor Osvaldo Salgado, los teclitos fueron derivados a asilos de la Fundación Las Rosas y Conapran, donde los funcionarios los tratarán como la gente, no como la tonta.

El hogar clandestino fue clausurado por la Municipalidad de San Miguel y el alcalde de esa comuna, Eduardo Riquelme, interpuso una querella por eventuales delitos.

Vecinos furiosos

"Reaccionamos así porque es inadmisible que se trate de esta forma a los abuelitos. Hay que reflexionar como sociedad y darse cuenta que a ellos hay que devolverles la mano y no golpearlos", dijo indignada una vecina que se identificó como Flor.

En tanto, la presidenta comunal de Adultos Mayores, Mónica Migone, denunció que dados los abusos, algunos viejitos han fallecido en los anteriores hogares de Marta Herrera.

"Han muerto abuelos e incluso a una señora la sepultaron sin avisarle a su hija, que la estaba buscando", dijo la dire social.

El problema alertó a la bancada DC de la Cámara Baja, encabezada por los diputados Edmundo Salas y Zarco Luksic, quienes pidieron al dire nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor, Miguel Pereira, un catastro nacional con los hogares que actualmente albergan a ancianos.

Asimismo, el presi de la Comisión de Familia, diputado Juan Pablo Letelier, propuso que ese organismo se consituya como investigador de las graves denuncias.