La funcia dejó en evidencia el "gallito" en la cúpula del máximo tribunal entre quienes están por mantener con candado el tema y los que quieren que se cuente la pulenta.

En tres páginas, el ministro de Justicia, Luis Bates, sostiene que las denuncias "sobre presiones indebidas a la Sra. Ministra (Gloria Chevesich) en la causa citada (Mop-Gate) son de extrema gravedad".

Explica que interesa al Gobierno rochar si hay funcionarios metidos en el tete para ver si se aplican sanciones.

Precisa que considerando la autonomía judicial y la transparencia que debe regir las actuaciones públicas, solicita "hacer pública la referida comunicación de la citada ministra o sólo lo referente a las presiones indebidas si Vuestra Excelencia considera que se pone en riesgo el secreto de la investigación en que ella incide".

También que se adopten las medidas administrativas o judiciales que se estimen pertinentes.

De inmediato se levantó la polvareda. El propio Bates aclaró que la idea es, "en una palabra, hacer transparente el tema de las presiones".

Don Ricky no abrió la boca, pero el vocero de Palacio, Pancho Vidal, comió pasas para recordar que "el Gobierno ha dicho que nunca ha presionado y si alguien sostiene lo contrario, tiene que probarlo".

La caperuza del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Clara Szczaranski, manifestó que "el país debe saber a qué alude (Chevesich) con las presiones" y "terminar con las intrigas, mentiras, insidias y campañas".

El director nacional de Investigaciones, Arturo Herrera, cuyo nombre apareció como uno de los que supuestamente presionó a la magistrada, reconoció que la visitó en marzo, pero la entrevista fue "de coordinación y para ofrecerle la colaboración policial. En realidad es muy difícil que un jefe policial presione a la ministra".

Añadió que con Chevesich y su marido son amigos desde hace caleta de años.

Los partidos de todos los coloretes exigieron respuestas y, si es necesario, aplicar duras tejas a los funcionarios fiscales que aparezcan involucrados en las "presiones".

El secre general de la UDI, Pato Melero, no descartó dejar caer acusaciones constitucionales contra los responsables; mientras que el líder de la Alianza por Chile, Joaquín Lavín, exigió respuestas acerca de "qué personas presionaron a la ministra, por qué lo hicieron y en qué consistieron esas presiones".

Mala onda...

Después del espaldarazo que recibió la magistrada Chevesich de parte de los 18 supremos, quienes el martes escucharon atentamente la extensa carta donde ésta acusa ser víctima de presiones directas y veladas, Libedinsky corrió con colores propios y, a través del Departamento de Comunicaciones del Poder Judicial, informó al país que la denuncia había sido archivada.

A primera hora de ayer, el ex presidente del mismo tribunal, ministro Hernán Alvarez, abrió fuego durante una entrevista telefónica a una radio y minutos más tarde aclaró que la intención del pleno de ninguna manera ha sido la de archivar. Por el contrario, afirmó que, dada la gravedad de las acusaciones, es necesario investigarlo todo.

"La verdad es que el acuerdo adoptado por el tribunal pleno no deja cerrada ninguna investigación. Por el contrario, se dice claramente que en función de las presiones que ha sufrido la ministra Chevesich, esta Corte Suprema reitera que asegurará y garantizará a todos los jueces de la República la independencia con la cual deben cumplir su función", verseó Alvarez, quien, como caballero, nunca acusó directamente a Libedinsky de arrancarse con los tarros.

A buen entendedor, pocas palabras: Libedinsky captó rápidamente el mensaje y, en un hecho insólito, asumió públicamente que pudo haberse equivocado.

"Yo entendí, no sé si me habré equivocado, como que se había dado por cerrado (el asunto) en el pleno de anteayer. Pero a lo mejor me equivoqué", admitió Libedinsky.

Acto seguido rechazó polemizar con su par y en lugar de aclarar que hubo una divergencia de opiniones, aterrizó el tema en el plano personal y descartó que detrás de las palabras de Alvarez existiera una oscura intención de desacreditarlo.

"No puedo estimar que haya mala intención en quien no sólo es mi compañero de trabajo aquí en la Corte, sino con quien también fui compañero de estudios", aseveró el ministro antes de trasladar la polémica para hoy, donde el pleno deberá pronunciarse nuevamente por el destino de las denuncias de Chevesich.