El dire general del organismo, José Sbatella, explicó que la repartición se presentó "como querellante" en la causa en que se investiga la venta ilegal de armas durante el gobierno menemista entre los años1989-1999.

El funcionario dijo que es necesario que se "profundice la investigación sobre el contrabando de armas y el supuesto pago de sobornos a los funcionarios que participaron de la operación, a través de cuentas bancarias en Uruguay, Estados Unidos, Hong Kong y Suiza".

Sbatella consideró que a través de esas cuentas "se pagaron comisiones y sobornos por alrededor de 54 millones de dólares".

"A partir del levantamiento del secreto bancario en Uruguay pudimos hacer un seguimiento y cruzamiento de las cuentas bancarias que los intermediarios utilizaron para el contrabando de armas y consideramos que hay mucho más para investigar", aseguró.

Más adelante afirmó que la base de datos que tiene el organismo que dirige "ha permitido determinar el destino de seis millones de dólares, pero falta explicar el destino de otros 54 que se habrían destinado al pago de coimas".

Recordó que la Aduana che "no pudo hacer nada" para frenar el contrabando de armas en la década del '90, "porque era material militar secreto, supuestamente con destino a Venezuela y Panamá, y un decreto presidencial ordenaba que no se podían abrir los contenedores".

Tras conocer la nueva presentación judicial, el diputado nacional Adrián Menem, sobrino del ex presi, aseguró que "Carlos Menem sufre una persecución atroz" y que el gobierno de Néstor Kirchner busca que "vuelva a ser un preso político como en el 2001".