Citando una entrevista que la periodista Raquel Correa realizó en 1995 al diputado UDI Pablo Longueira, por el caso drogas en el Congreso, el abogado defensor de la diputada, Claudio Feller, efectuó una comparación de ambos episodios, con el objetivo de librar a la parlamentaria del desafuero.
En dicha entrevista, Longueira apoyó la denuncia basado sólo en su convicción personal y sin tener pruebas, justamente como lo habría hecho la diputada Guzmán al acusar que algunos parlamentarios participaban de las fiestas de Spiniak.
Feller también citó al ex presidente de la Corte Suprema, Mario Garrido Montt, con el fin de sostener que para que exista calumnia, se requiere la individualización precisa y completa del hecho atribuido, debiéndose indicar la naturaleza del delito, la época en que ocurrió y las circunstancias en que fue cometida, entre otras.
El abogado aseguró en su alegato ante el pleno de la Corte de Apelaciones, que en la solicitud de desafuero que pesa sobre la Pía no se invocó ningún tipo penal y que, por el contrario, se tuvieron consideraciones de carácter político, por lo que, a su juicio, en lo estrictamente jurídico, no hay delito. "Nada de lo que dijo constituye un dolo", afirmó.
Agregó también que la UDI tergiversó y modificó los antecedentes contenidos en la querella que afecta a la Guzmán, y que incluso acusó a los querellantes de haber editado las declaraciones que la diputada emitió a partir del 10 de octubre. Por ello, precisó que los querellantes habrían "faltado a la verdad".
"Los querellantes han usado este proceso para llevar a cabo un extra proceso y si se miran los informes y declaraciones, en su mayoría, están centradas en las actuaciones de terceras personas, como Allamand y Piñera. ¿Por qué no se querellaron también contra ellos?", preguntó al tribunal.
La supuesta inexistencia del delito de injurias y calumnias, invocada por Feller, causó la evidente molestia de la contraparte, quienes encontraron que dichas aseveraciones faltaban a la realidad.
