El Tribunal Supremo español ordenó ayer a la Audiencia Nacional que acoja una querella por delitos de genocidio, terrorismo y torturas contra el ex ministro de Defensa, general (R) Herman Brady, acusado de crímenes cometidos durante el gobierno militar, entre ellos la muerte del diplomático español Carmelo Soria.
La presentación fue hecha por la viuda de Soria y el partido Izquierda Unida de España, pero la Audiencia Nacional determinó, en mayo del 2002, que carecía de jurisdicción para realizar la investigación, lo que significó, además, dejar sin efecto una orden de detención internacional dictada contra Brady.
El juez Baltasar Garzón procesó a Brady el 14 de mayo del 2001 por el asesinato de Soria, funcionario de Naciones Unidas en Chile, el año 1976. Brady fue acusado de ser cómplice de secuestro calificado, por la desaparición de doce personas detenidas en el Palacio de la Moneda tras el golpe encabezado por Augusto Pinochet.
