La situación se produjo luego que el Cuarto Juzgado de Letras local exigiera a los demandantes proporcionar pruebas médicas que permitan comprobar los efectos de la contaminación en la salud y en el medioambiente. Sin embargo, no repara el tribunal que su petición tiene un costo aproximado de 284 millones, cifra que no pueden costear los pobladores.

El abogado de la Fiscalía del Medio Ambiente (Fima), Francisco Ferrada, quien representa a los afectados, explicó que el tribunal fijó esta condición a los demandantes, cuestión que parece insólita pues precisamente ellos son las víctimas de la polución.

De acuerdo a una cotización hecha por la Fima en el laboratorio Servitox Limitada, sólo el peritaje toxicológico al que deberían someterse 500 personas, que incluye muestras de sangre y orina y una evaluación neurológica, cuesta 125 millones de pesos. A ello hay que agregarle 159 millones por concepto de la evaluación ambiental del sitio contaminado, consistente en 150 muestras de polvo domiciliario y 50 de polvo extramuros, medición de los vientos y del relieve.

Ambos análisis deberían ejecutarse en un plazo de tres meses.

Ante la precaria situación económica de los pobladores, la organización no gubernamental que los representa está realizando contactos con entidades medioambientalistaspara conseguir el financiamiento. Las familias sólo podrían aportar 20 mil pesos, bastante menos de los 200 mil que debe tener cada demandante.

También se han hecho gestiones con el alcalde Carlos Valcarce (RN), para que aporte recursos municipales, pero no ha habido una respuesta positiva.

El abogado criticó que el edil haya viajado a Europa para pedir recursos económicos al Parlamento Europeo, con el fin de financiar eventuales tratamientos médicos de los niños y adultos expuestos a los minerales. "La responsabilidad para nosotros está clara: El Fisco y la empresa Promel son los que actuaron en forma negligente y a ellos hay que reclamarles que asuman su responsabilidad. Sabemos que parlamentarios y dos alcaldes han viajado a Europa para conseguir fondos y no ha habido respuesta efectiva. Creo que esos recursos gastados en millas de vuelo, bien podrían haber servido para costear los peritajes que tanto necesitan los vecinos para probar los daños que tienen", expresó el abogado.

De ganar la demanda civil, los vecinos esperan conseguir que el tribunal establezca que el pago por estos exámenes sea devuelto por el Fisco y Promel. La condición del peritaje es irrenunciable, ya que sólo por esta vía se puede dimensionar el daño causado a las personas y adoptar las medidas que deberán tomarse para sanear el medioambiente afectado y el tratamiento que requieren los pobladores.