El fallo de la Sexta Sala del tribunal de alzada dejó sin efecto la resolución de la jueza Rosa María Pinto, del 16º Juzgado del Crimen, quien resolvió el 4 de octubre procesar a los españoles Francisco Gil Acosta, de 47 años, y su esposa María Mateos Báez, de 42, por infracción al artículo 41 de la Ley de Adopciones. En la oportunidad también fueron encausados el abogado que gestionó la adopción ilegal, Alejandro López del Campo; la madre del lactante, Juana Rebolledo Navarrete, y como cómplice, Filomena Urbina, quien habría actuado como intermediaria entre el matrimonio ibérico y la mujer. Estos últimos siguen presos.

Simultáneamente, la jueza otorgó la libertad provisional a los españoles con consulta a la Corte. Ayer y fuera de todo pronóstico se esperaba que el tribunal de alzada concediera la libertad al matrimonio, pero mayor fue la sorpresa cuando los magistrados, por dos votos contra uno, revocaron el procesamiento, tras acoger una solicitud de anulación presentada por el abogado de los invidentes, Jorge Ferdman.

Pasadas las 3 de la tarde, el propio cónsul de España en Chile, Ricardo Peidró, se encargó de los trámites en Gendarmería y retiró desde la Centro de Orientación Femenino a María Mateos y desde la ex Penitenciaría a Francisco Gil.

"Ellos están muy contentos al igual que yo, que la justicia chilena ha sido tan rápida en establecer la verdad. A las cinco de la tarde de mañana (hoy) abordarán un avión Iberia rumbo a España", dijo el cónsul.

La pesadilla en que se vio envuelto el matrimonio se produjo, al parecer, por el engaño del abogado López, quien, después de realizar en vano los trámites de adopción en el Sename, sugirió la idea de obtener la tuición de un bebé, sin informarles sobre la ilegalidad del procedimiento.

Lo controversial es que López habría sido recomendado por el propio consulado chileno en Santa Cruz de Tenerife, de las Islas Canarias, para realizar los trámites de adopción.

Fuentes ligadas a la investigación indicaron que tampoco se probó que el menor fue vendido en 15 mil dólares. Ese dinero, y así consta en el proceso, lo habría recibido el abogado exclusivamente por concepto de honorarios.