El dictamen del ministro Raúl Rocha Pérez afectó al presidente del Consejo Superior del Transporte Terrestre, Manuel Navarrete; al secretario Demetrio Marinakis, y a los dirigentes Armando Huerta, Marcel Antoine y Orlando Panza, quienes deberán presentarse a firmar.

Según el fallo, efectivamente existió una concertación para lograr el bloqueo de las calles de Santiago en 44 puntos, hecho que perjudicó a cerca de cinco millones de personas, quienes no pudieron llegar hasta sus lugares de trabajo y estudio.

Personal de la Posta Central también sufrió graves trastornos al no poder llegar a los diferentes lugares requeridos en razón de las múltiples urgencias que se produjeron durante la movilización.

La sentencia es menor a la solicitada por la fiscal Silvia Pérez, quien había recomendado cinco años y un día de cana. Sin embargo, Rocha consideró que no había agravantes respecto de los cinco condenados, pero sí una atenuante, su irreprochable conducta anterior.

A excepción de Marinakis, el resto de los dirigentes microbuseros apeló a la resolución, según informó el abogado José Sotomayor, "porque pensamos que nuestros clientes son absolutamente inocentes".

Tras ser notificado, Navarrete señaló que pedirá una audiencia con el Gobierno para que desista del requerimiento por la Ley de Seguridad del Estado, ya que están arrepentidos del taponeo de las arterias capitalinas.

"Asumo toda la responsabilidad que me corresponde. Todos los responsables del paro hemos asumido esa responsabilidad", indicó el dirigente.

Pese a ello el caso sigue siendo investigado debido a un requerimiento del Consejo de Defensa del Estado (CDE), ante el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago, que hace poco procesó a 38 choferes como ejecutores del paro.

Sobre el fallo el ministro del Interior, José Miguel Insulza, dijo que el Ejecutivo quedó satisfecho, por lo que no intentarán aumentar las penas de los transportistas.