Sus testimonios, que fueron emitidos anoche por el programa "Contacto" de Canal 13, constituyen el plato fuerte de una querella por trata de blancas que se presentó el 26 de junio recién pasado en el Tercer Juzgado del Crimen de Santiago.

La historia de esta dos mujeres se remonta a septiembre de 1997, cuando según ellas Anita las invitó a Japón con todos los gastos pagados para trabajar en auténticos restoranes de sushi.

"Me dijeron que ganaría más de mil dólares mensuales. Entonces, fuimos a una agencia de viajes y la Anita nos pagó los pasajes", cuenta Claudia, quien antes de partir trabajaba como operaria en una fábrica de plásticos.

En el vuelo 996 de United Airlines llegaron a Estados Unidos la Anita, Claudia, Johana, Isaac Mella (cuñado de la Geisha) y Miguel Angel Alcántara, quien actuó de "manilla" o proxeneta de las muchachas en Japón.

"No pudimos viajar desde ahí a Tokio porque no teníamos visa, así que nos fuimos a México. Allí la Anita, quien viajaba con un pasaporte falso a nombre de Geraldine Ortiz, recibió como 20 millones de pesos para que finalmente tomáramos el avión", narró Claudia.

El programa "Contacto" ubicó a la verdadera Geraldine, quien señaló que le fue robado su pasaporte un mes antes de que la Geisha viajara con sus ex amigas. Ahora estudia querellarse contra Alvarado por robo y usurpación de identidad.

La cruda verdad

Según el testimonio de las mujeres, la propia Geisha se encargó al principio de hacer los contactos con los clientes en la calle, acercar a las muchachas al hotel y después cobrar la plata.

A los tres meses, tiempo de expiración de la visa, Anita volvió a Chile con su cuñado y dejó en Japón a Alcántara, quien las habría extorsionado durante nueve meses para que le cancelaran la plata, bajo la amenaza de ser denunciadas a la mafia.

"Creo que en total tuvimos que haberle cancelado cada una más de 10 millones de pesos y eso que sólo nos pagó el pasaje. A ella únicamente le interesaba lucrar con nosotras", dijo Claudia, quien después de un año de estar "cuadrándose" pasó un mes presa y fue deportada a Chile.

Aunque Claudia viajó hasta Japón para realizar el programa desde ahí, las autoridades de migración no la dejaron entrar, ya que tenía una restricción de 77 años por prostitución.

Carola Fuentes, periodista de "Contacto", indicó que la Geisha en 1998 intentó llevar a cinco mujeres más a Japón, pero sólo una de ellas alcanzó a entrar.

"La primera vez que lo hice me sentí destrozada. Yo fui a trabajar en algo honesto y terminé prostituyéndome sin poder abandonar a la mafia", apuntó la tercera víctima de la trata de blancas que no aceptó mostrar su rostro ante las cámaras.

El recurso presentado en el Tercer Juzgado del Crimen fue avalado por la Corporación La Morada -conocido como "El Club de la Pequeña Lulú", por su defensa de las chicas- y patrocinado por la abogada Papsilí Toledo.

La abogada Papsilí confirmó a La Cuarta que recibieron el caso de parte del canal como una manera de proteger a las mujeres que se atrevieron a dar la cara en la denuncia del presunto ilícito.

Al enterarse del contenido del programa, Anita se declaró más inocente que pastilla de menta y señaló que la único cierto es que, mano de chaya como siempre, le pagó el pasaje a Tokio a Claudia cuando le entró el antojo de conocer cómo se fabrican los Toyota y de sentarse en la cima del Fujiyama, el pico más alto de Japón, pero nada más.

Al día siguiente de ingresar la querella a la secretaría del tribunal, bajo el rol Nº 207.427- 4 , se presentaron a declarar ante la jueza (s) Verónica Sabaj Escudero estas dos presuntas víctimas del tráfico de mujeres.

Otro juicio peludo

Anita Alvarado tiene otro juicio que no la deja pegar pestaña. Está radicado en el Séptimo Juzgado del Crimen de San Miguel y caratulado como "trata de blancas y falsificación de pasaportes". En este caso ya están sometidos a proceso los manillas Hernán "Nano" Rafael Cofré Alvarez y Johana Cecilia Acosta González; y en calidad de prófugos aparecen Manuel Antonio Parraguez Escobar y un tal "David" o "Richard", de origen afrocubano.

En el atado el principal querellante es el Servicio Nacional de Menores (Sename), ya que la víctima, la Paola, es una lola que cuando fue iniciada en el negocio de la prostitución tenía sólo 15 años.