Un recurso de protección a fin de terminar con la ganancia extra que obtienen las empresas cuernofónicas mediante aparatos "traga-monedas", repartidos en varias comunas capitalinas y, sobre todo, en el sector céntrico, interpuso el concejal de RN, Julio Ibarra.
La acción fue presentada el viernes en la Corte de Apelaciones de Santiago y está dirigida contra Manquehue y Entel, por cuanto, de acuerdo con lo informado por sus operadoras, si los telefunken no devuelven la gambita depositada por el usuario, tampoco lo hacen después las compañías.
Según explicó Ibarra, tras sufrir en carne propia la pérdida de varias chauchas en un fono ubicado en pleno Paseo Ahumada, lo primero que se le ocurrió fue marcar el número de reparaciones a fin de dar cuenta de lo sucedido, encontrándose con que, al requerir la devolución de la moneda tragada por la máquina sin cursar la llamada, una amable señorita le respondió del otro lado de la línea que "sólo vemos la parte técnica, porque no estamos facultados para devolver el dinero".
Con la curiosidad viva, el ex poli, cual Sherlock Holmes, decidió indagar y fue así que pasó por varios de los teléfonos del centro, donde tuvo que romper la alcancía para probar su teoría: De 10 llamadas realizadas, al menos una moneda de 100 no era devuelta, especialmente a esa hora en que todo el mundo anda por calles Estado, Huérfanos o Agustinas.
Algo tostado y con los bolsillos pelados, se fue a su casa y de ahí empezó a indagar qué onda, encontrándose con que en una de las empresas le respondieron que dentro de 30 a 40 minutos un técnico estaría frente al teléfono para devolverle la plata. Sin embargo, con otras dos no pasó igual, porque, aparte de preguntarle cuál era el aparato malo, le quedó claro que había cooperado, no más.
"Cuando los teléfonos están colapsados, que suele ser como la hora de almuerzo, si no le contestan o está ocupado, al apretar el botón para la devolución, pierde la moneda, y lo que estamos pidiendo es que esa moneda sea devuelta", indicó.
Los antecedentes serán entregados a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, de modo que se obligue a todas las empresas de telefonía a responder por la guita que se llevan de yapa.
