Marcelo Dambroso, procurador regional de trabajo, dijo al Jornal do Brasil que "el problema es muy grave en ese estado donde la esclavitud es muy común en las haciendas".

Los fiscales de la procuraduría llegaron a las haciendas, luego de recibir denuncias de un trabajador que logró huir. La mayoría de trabajadores liberados de su condición de esclavos son oriundos del estado de Mato Grosso y también había una ciudadana boliviana, cuya identidad no fue revelada.

Dambroso denunció que algunos trabajadores estaban golpeados y otros enfermos y que habían menores de edad que, de acuerdo a las leyes brasileñas, no deben trabajar.

El procurador indicó que se pondrá en ejecución una base de operaciones en Rondonia para reforzar la fiscalización.

De acuerdo a denuncias recientes de la Comisión Pastoral de la Tierra, hay unas 10 mil personas en condiciones de esclavitud en los estados del norte, Pará, Tocantins y Maranhao. En San Pablo también se denunció mano de obra boliviana en condiciones de esclavitud.

La estadística afirma que entre 1995 y 2002 "un total de 4.900 esclavos fueron liberados por entidades que luchan contra el trabajo forzado".