El fallo de tres páginas, que significó una luz de esperanza para el resto de los procesados, rebate la resolución del titular del Séptimo Juzgado del Crimen, Alejandro Rivera, quien el pasado 2 de mayo encausó a 28 personas por los delitos de fraude al Fisco y estafa, entre ellos, 13 secretarios regionales ministeriales que recibieron sobresueldos por trabajos que no habrían realizado.

La resolución de la sala del máximo tribunal indica que en el convenio celebrado entre el Ministerio de Obras Públicas y el Ciade, este último organismo contrató a Manuel Castañeda para realizar determinados trabajos, "los que hizo fuera de las horas de oficina", e indica además que no hubo comportamiento doloso ni delito.

Dicho punto puede sentar un precedente para el futuro procesal del resto de los seremis encausados por el mismo hecho. "El núcleo esencial de fraude al Fisco supone imprescindiblemente la presencia del engaño, la falsedad, el encubrimiento de la realidad, y como ya se ha puntualizado en el caso de autos, conforme a los antecedentes tenidos a la vista, no se advierte por parte del amparado, en el estado actual de la tramitación de la causa, comportamiento doloso alguno, sino el desempeño de tareas encomendadas derivadas de una relación contractual privada y por cuyo cometido percibió el honorario pactado", indica el fallo.

El recurso, presentado por el abogado Luis Ortiz Quiroga, había sido rechazado el pasado 15 de mayo por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones, ante lo cual se presentó la apelación ante la Suprema.

El dictamen de la Segunda Sala de la Corte Suprema contó con el voto en contra del ministro José Luis Pérez, mientras que los magistrados Enrique Cury, Nibaldo Segura, y los abogados integrantes Emilio Pfeiffer y Fernando Castro estuvieron por acoger el recurso de amparo.