La denuncia fue realizada por el diputado del PPD Guido Girardi, quien dijo que la práctica de recortar los documentos con orden de no pago, sin fondos o cuya cuenta corriente esté cerrada, constituye un hecho "irregular, inhumano e injusto". Esta artimaña -añadió el parlamentario- es utilizada por casi todas las compañías, las que a fin de mes les descuentan los chirimoyos a sus empleados.

"Estas empresas no tienen sistemas para hacer chequeo y al no tener instrumentos eficaces, toda la responsabilidad del pago de estos documentos queda en manos de los trabajadores. Éstos a veces ganan el sueldo mínimo, tienen turnos extensos, es un trabajo pesado y tóxico y, además, mensualmente, les descuentan todos estos cheques", señaló.

En 1999 y el 2002, la Dirección del Trabajo dictaminó que recuperar los cheques protestados de la plata de los laburantes "no se ajusta a derecho, al violar el principio de ajenidad", toda vez que la pega se hace "por cuenta y riesgo de la empresa, correspondiéndole a ésta asumir el riesgo por el carácter incobrable de los cheques". Sin embargo, la falta de fiscalización se presta para que los empleadores no cambien.

Luis Molina contó que ha debido pagar 200 lucas por culpa de los protestos, pero que igual los jefazos lo obligan a recibir cheques, lo mismo que si son víctimas de un choreo: Deben reponer la plata robada.

Por lo anterior, Girardi anunció que solicitará sancionar a las firmas que incurran en este abuso, junto con exigir que se restituyan los montos cobrados a los trabajadores. Asimismo, abogados de la colectividad estudian iniciar acciones por daños y perjuicios morales a los bomberos.