Corría 1989 cuando fue asesinado el empresario Silvio Aurelio Sichel. La investigación de su crimen hizo estallar, un año más tarde, la existencia de la financiera ilegal La Cutufa, que funcionaba desde 1984 al interior del Ejército.
Se descubrió en el curso del proceso que Sichel era el principal inversionista y había colocado un millón de dólares en la financiera, y que tras exigir su devolución habría sido eliminado.
También se determinó que unas 350 personas tuvieron relaciones con las operaciones de La Cutufa, que prestaba dinerillos de forma fraudulenta a militares.
En este caso fueron condenados por infracción a Ley General de Bancos los capitanes (R) del Ejército, Patricio Castro y Gastón Cid; el mayor (R) Alejandro Garat; los coroneles (R) Jaime Lucares, Sergio Silva y Enrique Cowell, y el civil Gerardo Paredes.
Otro caso donde uniformados tuvieron participación activa fueron los fraudes y cohechos ocurridos en 1992 y 1993 en el Hospital Militar, con relación a la adquisición de insumos para el centro asistencial.
Las irregularidades se conocieron a raíz de un control rutinario que funcionarios de Contraloría efectuaron en el recinto médico.
En el transcurso del proceso se incautaron 52 chirimoyos por un monto total de 137 millones de pesos, correspondientes a una parte de las coimas pagadas a empresarios que abastecían de productos al Hospital Militar.
Tres cheques fueron cobrados por el mayor (R) Patricio Videla y el resto por el junior Anselmo Canales. También se vio involucrado quien fuera jefe de adquisiciones, Raúl López Utrera.
