El 2 de abril de 1993, el diputado Raúl Urrutia (RN) denunció el pago de 389 millones de pesos -más de 700 millones de ahora- por el desmalezado de 320 hectáreas pertenecientes a la Refinería de Petróleos de Concón (RPC). La investigación descubrió ene irregularidades al interior de la empresa estatal.
El proceso quedó en manos en ese tiempo de la titular del Quinto Juzgado del Crimen de Viña, Beatriz Pedrals, quien sometió a proceso a seis personas y pidió la documentación bancaria del dueño de la empresa que efectuó el despeje, Francisco Zárate, y del ex gerente general de RPC, Marcos Vásquez (fallecido).
Lo más grave del caso fue que hubo denuncias de que parte de las platas fueron desviadas para financiar campañas políticas. Específicamente habrían recibido dineros el ex senador Juan Hamilton y el ex diputado Aldo Cornejo.
Ambos negaron las acusaciones, pero quedó un manto de dudas en torno a la empresa pública.
La investigación fue asumida después por la titular del Segundo Juzgado del Crimen de Viña, Berta Froimovic, quien concluyó que hubo engaño y dolo, ya que pese a que los precios cobrados y pagados caían en los límites de la oferta y la demanda de una sociedad anónima, y a que todos los involucrados no eran funcionarios públicos, se constataron contradicciones y vacíos en los contratos respectivos.
