El escándalo estalló el 23 de enero de 1994. Desde el año anterior, Dávila hacía transacciones del metal rojo con agentes extranjeros, proyectando las operaciones de venta del recurso.

Como Codelco debía pagar cototas comisiones por los servicios prestados, Dávila favoreció a ciertos operadores, los que a cambio de ejecutar las transacciones le depositaban dolaretes en una cuenta corriente que tenía en las Islas Caimán.

Para agrandar la tajada, las operaciones eran infladas, para que la empresa de cobre pagara comisiones más altas de las que en realidad debía cancelar.

Pero la situación se hizo insostenible y Dávila fue pillado chanchito por sus superiores, pese a que engrupió que las pérdidas fueron por un error computacional.

Su manejo ilícito provocó un desfalco al dinero de todos los chilenos y millonarias pérdidas al Estado. Los sabuesos policiales utilizaron la técnica de ir tras el dinero para rastrear los delitos cometidos por Dávila, mientras la causa era investigada por el ministro en visita José Benquis y luego por Raimundo Díaz.

En septiembre de 1997, Dávila fue condenado por la Corte Suprema a tres años de cana y a pagar el 100 por ciento del tributo evadido. Durante 1993 el ex operador efectuó inversiones y gastos por 230 millones de pesos, pese a que sólo declaró ingresos por 19 guatas.

El 2000 abandonó la cárcel y el tributo evadido se estimó en 133 millones de pesos.

El 18 de agosto de 1999, en otros tres procesos seguidos por fraude al Fisco, presentación de documentos falsos en juicio criminal y negociación incompatible, donde se hizo parte el CDE, Dávila fue sentenciado a 8 años tras las rejas y a cancelar una indemnización de 186 millones de dólares y una multa por otros 23 guatones gringos.

Hoy, Dávila vive en San Felipe, donde dicta clases en una universidad, asiste a iglesia, realiza asesorías y goza de libertad provisional.