El juez de hierro, interrogado sobre el tema, sólo señaló que efectivamente “una autoridad edilicia hizo una denuncia contra un ex funcionario público, que podría afectar a un parlamentario”.

Según fuentes extrajudiciales de la zona, la denuncia fue presentada por la jefe comunal, por lo que ayer el ministro interrogó a Chaparro, confirmando que el dinero había ido a parar a manos de la legisladora oficialista.

Alejandro Chaparro se desempeñaba como jefe de campaña de la diputada Saa y como recolector de dineros del PPD.

Estos nuevos antecedentes permitieron al ministro Aránguiz abrir una nueva causa por cohecho, por lo que realizará otras diligencias en las que no se descarta, la petición de desafuero de la parlamentaria o ser interrogada para esclarecer el destino de la suma de dinero.

Por otra parte, el ministro Aránguiz negó haber abierto una causa por cohecho en contra de los diputados del Partido por la Democracia (PPD) Aníbal Pérez y Esteban Valenzuela, aunque confirmó que había recibido una denuncia en la que se ve implicado un parlamentario.

Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación, explicaron que a las manoplas del juez de hierro llegó una denuncia por otro ilícito, de parte de un particular, que afectaría a alguno de los honorables que están desaforados en este episodio.

Se trata de los diputados Cristián Pareto y Jaime Jiménez (los dos ex DC), Víctor Manuel Rebolledo (suspendido del PPD), Juan Pablo Letelier (PS) y Eduardo Lagos (PRSD). Los tres primeros están recluidos en el Anexo Cárcel Capuchinos ya que fueron procesados por el magistrado Aránguiz.

De ser efectiva la denuncia el ministro la acumularía al proceso que sustancia o, de lo contrario, la derivaría al tribunal que corresponda.