La acción legal patrocinada por el abogado Hernán Quezada busca investigar las responsabilidades que tuvieron el ex jefacho del organismo represor, general (R) Manuel Contreras; su lugarteniente, el jubilado brigadier Pedro Espinoza; el jefe exterior del lote, general (R) Raúl Iturriaga Neumman, su hermano Jorge (civil) y el ex brigadier José Zara.

Prats y su señora fueron eliminados el 30 de septiembre de 1974, luego que agentes de la dictadura militar colocaran una bomba lapa debajo del automóvil estacionado afuera del domicilio de la pareja, en el barrio de Palermo, en Buenos Aires.

Pese a que la plana mayor de la DINA fue pedida en extradición por la ministra que investiga el caso alllende los Andes, María Servini de Cubría, la justicia chilena prefirió abrir una causa acato en el terruño, casi 30 años después del macabro doble homicidio.

Para ello nombraron como ministro de fuero al magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Solís.

Por este caso fue condenado a cadena perpetua, en Argentina, el chileno Enrique Arancibia Clavel, tras ser considerado parte importante en la ejecución del crimen y de ser integrante de una asociación ilícita.

Sofía Prats, una de las hijas del desaparecido matrimonio, sostuvo que la querella tiene como objetivo "que otros responsables puedan ser llamados a declarar y eventualmente sean procesados".