Ibarra perteneció a la policía uniformada hasta 1998, cuando fue puesto en lista tres debido a las continuas licencias médicas que presentó por una fuerte dolencia en la espalda y que, desgraciadamente para él, no se encontraba dentro de las enfermedades propias del trabajo policial.

Para más mala pata, le faltaron dos años para cumplir los 20 que la institución exige como mínimo para otorgarle la pensión de las Fuerzas Armadas y de Orden, así que, de la noche a la mañana, se quedó sin pega y sin un cobre.

La cesantía comenzó a sentirse en los consumos básicos y desde luego en las cuentas. La primera de éstas en resentirse fue la mensualidad del colegio particular subvencionado Rosita Sánchez, de Maipú, donde estudiaban sus dos hijos menores.

"Empecé a no tener las 20 lucas mensuales que me salía la colegiatura. Y no pude pagarlas. Creo que adeudé todo el 2001", relató.

Los cabros chicos siguieron estudiando normalmente, pero la cuenta crecía y crecía. Cuando llegaron a final de año, se acercó a la dirección del establecimiento y contó sus triste realidad y pidió que le devolvieran los documentos de sus niños para matricularlos a una escuela pública, pero ahí aparecieron los primeros problemas.

La directora de la escuela le negó tales documentos y condicionó su entrega a la firma de una letra, donde el deudor se comprometía a pagar íntegramente la deuda, que ascendía a más 400 mil pesos.

"La ley de subvenciones señala claramente que ningún colegio de esta categoría puede negarse a entregar los documentos de escolaridad del niño, aún debiendo plata", aseveró Ismael Calderón, presi de la Asociación Metropolitana de Padres y Apoderados.

Cuando la fecha de matrículas para el período 2002 se encontraba a punto de terminar, Ibarra fue al colegio y firmó la letra, con lo que recuperó los antecedentes de los críos.

La letra, como era de suponerse, fue protestada a los días, con lo que se inició un juicio ejecutivo que terminaría con el embargo de sus bienes.

"En estos días se produjo la traba de embargo, donde tasaron mis cosas. Me siento atrapado, no tengo trabajo y ahora, por deber plata al colegio, que recibe plata del Estado por mi hijo. Estoy a punto de quedarme con lo puesto", señaló Carlos, quien espera que el Ministerio de Educación tome cartas en el asunto.