Pese a que el director nacional de la institución, Juan Carlo Pérez, no quiso referirse públicamente a la supuesta venta de fierros al interior del penal, lo que configuraría el delito de tráfico de canutos, como lo informó La Cuarta, la información estaría siendo celosamente analizada, puesto que al menos un arma de las cuatro que presuntamente fueron vendidas habría sido reconocida como un revólver fiscal por los peritos balísticos de Investigaciones.

A modo de evidenciar la real preocupación sobre el tema, el dire nacional instruyó a la abogada Pamela Reygadas, que para estos efectos actúa como fiscal, para que entregara éstos y otros antecedentes al magistrado del Segundo Juzgado del Crimen de Rancagua, Roberto Cosiña.

La abogada, quien llegó cerca de las cinco de la tarde hasta la oficina del magistrado, confirmó a su salida que Gendarmería alejó de su habituales funciones al suboficial cuestionado, pero descartó que, a la fecha, hayan comprobado su participación.

"El funcionario, que habría prestado ayuda para la fuga, se encuentra actualmente desarrollando sus labores en la dirección regional y no se ha dispuesto otra medida disciplinaria puesto que aún no existen los antecedentes suficientes para constituir el delito", señaló la jurista.

Añadió que le entregó al magistrado seis importantes declaraciones de testigos y de algunos de los reos recapturados, y aseguró que sólo uno de ellos contiene los antecedentes que vincularían al funcionario.

El abogado David Díaz, que defiende a uno de los reos, anunció que dentro de los próximos días también entregará al magistrado un completo informe acerca de la presunta vinculación del uniformado.