El atentado estaba listito para apuntarse con el concurso de los peñis alzados, en la comuna de Vilcún.

Cerca de las dos horas de ayer, carabitates de esa localidad le hicieron un parelé, a la altura del sector San Patricio, a un camión que transportaba a 34 indígenas que presuntamente se dirigían al fundo San Manuel, traspasado a la comunidad Rayén Saavedra.

La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena lo había adquirido recientemente, para favorecer a dicha vecindad, y habían negociado siguiendo el conducto regular para este tipo de procesos.

Durante la revisión de los indígenas, se descubrió además que entre las pertenencias que portaban, llevaban bastante combustible, botellas para preparar las bombas molotov, morrales, boleadoras, pasamontañas, elementos corto punzantes, capuchas, cantimploras, cadenas sueltas de motosierras y herramientas propias de la actividad agrícola a menor escala.

La disputa es por el predio San Manuel, de 374 hectáreas, que comprometió la Conadi para la comunidad Rayen Saavedra. Fue adquirido en febrero último a la Sociedad Agrícola Santa Julia en 656 millones de pesos.

El consejero de la Corporación, Hilario Huirilef, adjudicó la responsabilidad por la actitud de los indígenas a la Conadi, argumentando que en un procedimiento "se mal informó a las comunidades", ya que se les estaría exigiendo la entrega de 20 millones de pesos para postular a las tierras.

Agregó que si el tema no es aclarado pronto, se está ad portas de que se produzca una mansa mocha entre las comunidades, cuyo desenlace sea similar a lo ocurrido en Osorno, donde murieron seis indígenas en una disputa de tierras.

En fuentes de la Corporación (el director, Aroldo Cayún estaba en Santiago), se confirmó la adjudicación de las tierras a la comunidad Rayen Saavedra; pero aseguró que las otras cuatro (Santiago Coñoemán, Huiquico, Hueche, Nehuen Hueñir y Epu Francisco Huenchuñir) no fueron incorporadas porque no encajaban en el Artículo 20 Letra B de la Ley Indígena, que tiene que ver con la disputa de las tierras.

Flor de dispositivo

Descubierta la irregularidad, los comuneros fueron remitidos al retén de la localidad de Cajón, para ser puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Temuco para la audiencia de control de la detención.

El fiscal que asumió el caso dijo que preliminarmente se podría imputar a los mapuches el delito de asociación ilícita, ya que no se ha comprobado la intencionalidad y objetivo de su movilización. Concluyó que "ahora analizaremos el cargo a formalizar".