Los hechos se iniciaron el 11 de abril del 2001, cuando Colmena comunicó a Marcela Moses que ponía término a su contrato por no haber consignado la preexistencia de depresión y obesidad mórbida.

La afectada presentó un reclamo arbitral ante la Superintendencia de Isapres, señalando que a la fecha de su afiliación, en 1995, no padecía de esas patologías. Agregó que la depresión le fue diagnosticada en diciembre de 1997 y la obesidad en el 2000.

Contrariamente a lo que pensaba, Juan Pablo Gómez sólo ponderó las pruebas aportadas por la Isapre, desconociendo los antecedentes médicos que presentó la mujer para acreditar que las enfermedades las había contraído con posterioridad a la firma del contrato.

La Corte de Apelaciones concluyó que Moses fue privada de su derecho de rendir prueba, dándose por acreditado el incumplimiento contractual invocado por la isapre para poner término al contrato de salud.

El abogado Pedro Barría, presidente de la Corporación de Afiliados y Usuarios de Isapres, señaló que no es usual que se acojan recursos de protección anulando sentencias de tribunales, pero "más inusual aún es que se acojan por denegación de justicia", dijo Barría.