Cuando faltaban pocos minutos para las 10 de matina, Javier Labrín y su esposa Angélica Mercado fueron sorprendidos bruscamente por el ruido de la sirenas de varios vehículos policiales.

Sin tener mayor certeza de lo que ocurría, el matrimonio advirtió que la presencia policial confirmaba que había llegado la hora que tanto temían. Los carabineros venían acompañados de la receptora judicial Marcia Munizaga Aliaga, quien, caimán en mano, descerrajó la puerta para iniciar así el desalojo ordenado por el Noveno Juzgado Civil de Santiago.

"Esta señora, de muy mal genio, comenzó a tironear mis cosas y a sacarlas a la calle. En cuestión de minutos, todas ellas quedaron afuera y muchas sufrieron daños", contó Angélica.

Préstamo fatal

Esto le costó que su casa fuera rematada, quedando en manos de su nuevo dueño.

Como si fuera una situación sacada de las películas, Javier comenzó a arrendar la que había sido su casa propia para evitar quedar en la calle, pero al poco tiempo quedó cesante. Como no pudo continuar pagando, el nuevo dueño solicitó el desalojo.

La vocera de los afectados por Eurolatina, María Elena Huayquipán, señaló que la medida es ilegal, porque se había desconocido las medidas precautorias que ordenó el ministro Ballesteros y que impedían cualquier desalojo. "En diciembre el ministró sobreseyó 64 casos, entre los que se encontraba el de esta familia. La resolución fue apelada, por lo que el ministro dictó medidas precautorias que paralizaban toda acción legal en tales casos", explicó la vocera.

Tal fue el nivel de tensión que se produjo en la vivienda de calle Los Tucanes, que finalmente la receptora dejó abandonado su trabajo, situación que fue aprovechada por la familia para continuar en la casa hasta que el ministro ordene lo contrario.