En la destrucción de la estructura y la remoción del terreno, que se realizó sin la presencia de un perito judicial, se utilizaron retroexcavadoras y otra maquinaria pesada, a petición del propietario, Ignacio Arroyo, quien contó con la autorización del Tercer Juzgado del Crimen de Concepción, tribunal que sustancia la desaparición.

Jorge Matute padre informó que habían pedido al juzgado la presencia de un perito, ante la eventualidad de que la remoción de escombros y tierras arrojara alguna pista para dar con el paradero de su hijo.

Sin embargo, la magistrada Flora Sepúlveda "se negó, respondiendo que no estaba dispuesta a inventar un show", afirmó.

Explicó que, por su dolor como familia, creía que "era necesaria la asistencia policial. Pero a dos años y medio, quedó claramente demostrado que esto es un rotundo fracaso policial y judicial", afirmó.

"Lamento, por mi país, que no seamos capaces de investigar el caso y a la vez capaces de secuestrar y hacer desaparecer personas. Pero como familia seguimos en pie", manifestó emocionado.

Consultado sobre si estaba de acuerdo o no con la destrucción del lugar, respondió que hubiese preferido que se demoliera con una investigación científica, técnica, policial y judicial "bien manejada para despejar las posibles sospechas de un entierro".